El presidente de la Corte de Justicia del Caribe, el magistrado Winston Anderson, enfrenta acusaciones de varios colegas sobre su liderazgo y la administración interna del tribunal regional. La controversia ha generado una respuesta conjunta de los jefes del poder judicial de Belice y otras seis jurisdicciones caribeñas. En su declaración, los líderes judiciales reconocieron los informes públicos basados ​​en correspondencia interna sobre la administración y el funcionamiento de la Corte. Sin embargo, se negaron a evaluar la veracidad de las acusaciones atribuidas a jueces individuales o a comentar sobre las deliberaciones internas del tribunal. En cambio, expresaron su profunda preocupación por la violación de la confidencialidad que permitió que las comunicaciones internas se hicieran públicas. Las acusaciones reportadas por el Trinidad Sunday Express incluyen alegaciones de liderazgo autoritario, interferencia en los procesos judiciales e intentos de influir en la composición o el manejo de los casos. El magistrado Anderson también ha sido criticado por una propuesta de código de vestimenta judicial. Los jefes del poder judicial no confirmaron ni negaron directamente estas acusaciones. En cambio, expresaron su continua confianza en la Corte de Justicia del Caribe y sus magistrados, describiendo al tribunal como una institución regional vital cuya autoridad depende de la confianza pública en su independencia, imparcialidad e integridad. El comunicado fue emitido por los jefes de los poderes judiciales de Belice, Barbados, Bahamas, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y la Corte Suprema del Caribe Oriental.