La Defensoría del Pueblo ha publicado su informe correspondiente al período comprendido entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2023. El documento de 22 páginas informa sobre varias áreas que incluyen el desarrollo profesional y personal brindado a sus siete funcionarios, la comparación de estadísticas de los últimos años, así como como varias preocupaciones que impiden que la oficina lleve a cabo su mandato. Entre esas preocupaciones está la asignación presupuestaria. El informe señala: “Es motivo de grave preocupación que el presupuesto asignado a la creciente oficina no permita a la Oficina ni a sus funcionarios llevar a cabo plenamente sus tareas de investigación con la mayor eficiencia posible. Si bien la Oficina no tiene problemas para obtener el apoyo del Gobierno en sus esfuerzos por aumentar el presupuesto, el Defensor del Pueblo cree que la Oficina depende en gran medida del Secretario de la Asamblea Nacional para las funciones administrativas. En última instancia, esto conduce a retrasos en los procesos y a comprometer la independencia del Defensor del Pueblo y la integridad de la Oficina”, fin de la cita. Según los datos del informe, durante este período se presentaron en la Defensoría del Pueblo un total de 87 quejas. Estas incluyeron al menos (3) denuncias sin precedentes. Al parecer, varios de esos casos tenían que ver con funcionarios públicos jubilados que no recibieron sus beneficios de jubilación a tiempo o al retirarse del servicio público. Del total de denuncias, 61 casos fueron del Distrito de Belice, Cayo 17, Dangriga 5, Orange Walk 3 y Corozal con una denuncia. Ochenta y dos (82) se presentaron contra diversas autoridades gubernamentales, incluidos ministerios, departamentos, órganos estatutarios y ayuntamientos, mientras que cinco (5) denuncias se presentaron contra particulares. Cabe señalar que de los 87 casos presentados, treinta y seis de ellos han sido resueltos y cerrados; 32 están siendo investigados activamente; y 19 están pendientes de mayor revisión o detalles. Por último, como parte del programa de divulgación del Defensor del Pueblo, se contactó a la Asociación de Jueces de Paz para que prestara asistencia a las personas a formular y presentar sus denuncias en sus respectivos municipios. También se celebraron consultas con los alcaldes de todo el país sobre un plan para realizar clínicas móviles para dar cabida a los residentes.