Mientras el ex Defensor del Pueblo, Swaso, interpone una demanda constitucional contra el gobierno, el Ministro de la Función Pública, Henry Charles Usher, ofrece su perspectiva sobre el asunto. El Ministro Usher afirmó que, si bien respeta el derecho de Swaso a buscar reparación a través de los tribunales, considera que existen hechos importantes que rodean el caso y que deben ser comprendidos. Según el ministro, Swaso se puso en contacto con él el año pasado, cuando su mandato como Defensor del Pueblo estaba por concluir. Usher explicó que, durante la reunión, dejó claro que no tenía autoridad para decidir si se renovaría el contrato de Swaso. Añadió que el nombramiento y la renovación de un Defensor del Pueblo se rigen por un proceso establecido y no son decisiones que recaen en la discreción de un solo ministro.

Henry Charles Usher, Ministro de la Función Pública: “La reelección de un defensor del pueblo la realiza el Gobernador General después de nuestro proceso. Así que la Cámara de Representantes tiene que aprobar una resolución, el Senado tiene que aprobar una resolución e incluso antes de eso pasa a un comité de la Cámara. Yo no formo parte de ese comité de la Cámara y se lo dejé muy claro. Le dije, mire, eso es algo que tendrá que abordar cuando se reúna el comité de la Cámara y si tiene la intención de renovar su contrato. No hay forma en el mundo de que yo pueda influir de ninguna manera en el contrato del defensor del pueblo. Así que es realmente una fantasía llegar a una conclusión como esa. Creo que el Fiscal General ya ha revisado las secciones de la Ley del Defensor del Pueblo. Habla de ser compensado a ese nivel. Por supuesto, cuando se redactó esa Ley del Defensor del Pueblo, la compensación para los jueces era mucho menor, más acorde con el contrato del defensor del pueblo, el defensor del pueblo anterior y este defensor del pueblo actual, pero Esa es una respuesta que solo el Fiscal General puede dar. Está muy claro en la Ley, ¿sabe?, y creo que la cuestión es si el contrato que firmó con términos y condiciones específicos prevalece sobre la Ley, o si la Ley prevalece sobre el contrato. Y como dije, eso es algo que el Fiscal General tendría que decidir.

La demanda constitucional de Swaso, cuya audiencia está programada para julio, alega que el gobierno incumplió las disposiciones constitucionales y legales relativas a la Oficina del Defensor del Pueblo y plantea inquietudes sobre las circunstancias que rodean la no renovación de su nombramiento.