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DE COMETER GRAVE FALTA PROFESIONAL ES ACUSADO EL ABOGADO ORSON ELRINGTON

Nicole Quilter

El abogado Orson OJ Elrington ha sido citado a comparecer ante el Asesor Jurídico General (GLC) el 24 de mayo después de que se presentaran pruebas que equivalían a una falta profesional grave. Su comparecencia ante el GLC será para exponer las razones por las que no se le deben imponer sanciones por tal comportamiento. El asunto se remonta a septiembre de 2023, cuando el pastor Dozie contrató a Elrington para presentar un reclamo contra la Junta de Seguridad Social por el beneficio de subvención de sobreviviente que no se le pagó cuando su esposa murió en 2021. Según se informa, se llegó a un acuerdo de pensión de viudedad entre el SSB y Elrington en el suma de 46.588 dólares que se pagó directamente a Elrington a principios de octubre del año pasado. Hasta la fecha, el dinero no ha sido pagado al Pastor Dozie, que es uno de los dos factores que llevaron a la intervención del Consejo Jurídico General. El segundo factor es que Dozie informó al consejo que no había dado su consentimiento al acuerdo y que solo había firmado una carta de compromiso con Elrington. Dozie pudo proporcionar pruebas al consejo, incluidos documentos originales y conversaciones de WhatsApp con Elrington, mientras que Elrington no pudo hacer lo mismo. En su fallo escrito, el GLC señaló que habían encontrado lagunas en el testimonio de Elrington y habían expresado su preocupación por su dependencia de un asistente legal para manejar clientes y procesos legales. Entendemos que el consejo ha remitido el caso a la policía para realizar más investigaciones, incluida la autenticidad de la segunda carta de compromiso que Dozie negó haber firmado. El consejo señaló que estos hallazgos ahora han puesto de relieve la gravedad de las acciones de Elrington y ponen en duda su credibilidad. Tenemos entendido que Elrington ahora enfrenta el exilio de ejercer la abogacía y/o una multa que será determinada por el Consejo. Curiosamente, de este caso con la SSB surgió la recomendación de la Junta al gobierno de enmendar la Ley de la SSB para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres con respecto a las solicitudes de subsidio de supervivencia.